En el pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares del pasado 17 de marzo el PP y VOX aprobaron, unilateralmente, un dictamen de comisión de investigación en el que atribuyen delitos falsos a miembros del Partido Socialista de Alcalá que no se han tratado en esa comisión y de los que no existen pruebas.

Alcalá de Henares, 18 de marzo de 2026. Con 13 sesiones y 36 comparecencias, en las que se ha pretendido atribuir irregularidades por diversos gastos ordinarios en el mandato de la legislatura 2019-2023, el equipo de Gobierno de PP y VOX ha aprobado, unilateralmente, en el pleno ordinario del 17 de marzo, un dictamen de conclusiones lleno de falsedades y acusaciones inventadas.

El dictamen aprobado fue objeto de voto particular a la totalidad del Grupo Municipal Socialista. En este voto particular se pone de manifiesto cómo, después de más de un año en el que se ha mantenido abierta esta comisión de investigación, lo único que se ha podido acreditar es que no ha habido irregularidad en ningún procedimiento.

Además, se ha acreditado que todos los servicios a los que se refieren las facturas analizadas fueron realizados, la mayor parte de ellos ordinarios; no hubo irregularidad en los procedimientos de contratación; y ningún empleado municipal sufrió presión alguna por parte de ningún dirigente político para interferir o modular su voluntad hacia la contratación de servicios con ninguna empresa.

Para los socialistas, que califican de invento todo lo ocurrido en la comisión, “las acusaciones y el desarrollo de la comisión han sido un disparate y así se ha reflejado en el dictamen tendencioso que presentó Isabel Ruiz Maldonado, lleno de falsedades, y que se ha aprobado finalmente en el pleno”, afirman los socialistas.

Cabe recordar que esta comisión ha venido siendo utilizada por el Partido Popular como una cortina de humo reactivada interesadamente en diferentes momentos. Así, por ejemplo, se aprobó su creación en septiembre de 2024, un año después de las filtraciones en prensa pero solo unos días después de que se hiciera público que había una investigación realizada por la Fiscalía Provincial, que terminó con una atribución de un posible delito por infidelidad en la custodia de documento público a la Alcaldesa, Dª Judith Piquet Flores.

Para los socialistas, la falta de diligencia y la dilatación interesada de los tiempos ha sido consciente, lo que podría significar una prevaricación administrativa. “No es normal que desde agosto de 2023 estemos con este tema y que en dos ocasiones se haya parado la actuación del gobierno durante 7 meses sin causa objetiva. Han ido utilizando la comisión para tapar sus vergüenzas. Ahora, con el último escándalo del dimitido jefe de la policía en el ayuntamiento al que la Alcaldesa se negó a cesar, sacan de nuevo del cajón la comisión, después de 7 meses, y aprueban unas conclusiones infumables”.